En una nueva audiencia ante la Corte de Apelaciones de Nueva York —tribunal de mayor autoridad en el estado—, abogados que representan a la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela argumentaron que la filial de la estatal en Estados Unidos, Citgo, no puede ser tomada por los tenedores del bono Pdvsa 2020, al argumentar su ilegalidad.
En una audiencia que se llevó a cabo a inicios de abril, los abogados insistieron en que la emisión de bonos que compromete a la refinería Citgo quebrantaron las leyes y la Constitución venezolana.
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«Este tribunal debería rechazar esta invitación de transformar el estado de Nueva York en un paraíso para los inescrupulosos regímenes autoritarios para ejecutar transacciones ilegales que violan sus propias constituciones», argumentaron, según reseñó una nota de Reuters.
En 2016 Nicolás Maduro emitió más de 1.000 millones de dólares en deuda —de los $60.000 millones adeudados en total— a través de bonos de Pdvsa con vencimiento en 2020. Como garantía, la administración chavista pactó el 50,1% de las acciones de Citgo, el mayor activo de Venezuela en el extranjero. Esto quiere decir que, en caso de impago de la deuda, los tenedores se quedarían con 50,1% de las acciones, teniendo control de la empresa.
Llegado 2020 se vencieron los bonos y Venezuela entró en situación de impago. Sin embargo, el panorama político permitió proteger a Citgo de ser apropiada por los tenedores, ya que para ese momento Estados Unidos reconocía a Juan Guaidó como presidente legítimo del país y a las juntas ad hoc designada por el interinato como representantes de Pdvsa y Citgo.
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Este argumento ha sido repetido en numerosas ocasiones por el equipo de abogados de la oposición en una disputa legal que se extiende por más de dos años. En pleno 2023, la única razón por la cual Citgo no ha sido rematada para pagar las deudas de Venezuela con acreedores norteamericanos, es por una licencia emitida desde el Departamento del Tesoro que impide transar con las acciones de la empresa.
Sin embargo, esta licencia es renovada periódicamente y la última vez que se emitió fue el pasado 17 de enero con apenas una vigencia de tres meses. Este próximo 20 de abril es la fecha de vencimiento y se desconoce si el Tesoro estadounidense mantendrá su tendencia de renovarla poco antes de que se cumpla el plazo.
Por su parte, los abogados que representan a los tenedores de los bonos razonan que la emisión fue ilegal en Venezuela, pero que el reclamo no tiene cabida en Nueva York, donde fueron transados. Ahora presentarán nuevos argumentos ante el tribunal el próximo 12 de mayo.
Fuente de: Tal Cual
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