Organismos internacionales informan: los niveles de PIB per cápita en Latinoamérica y Caribe y no volverán a los niveles «prepandémicos» hasta 2023 o 2024.
Latinoamérica y el Caribe retroceden dos décadas. Este documento advierte de que la pobreza extrema, ha alcanzado en la región niveles desconocidos en los últimos 12 y 20 años, proporcionalmente.
La OCDE, Cepal, la Unión Europea y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) indicó que la crisis derivada de la pandemia ha ocasionado daños a un tejido social «extremadamente vulnerable, resultando en un significativo aumento de la pobreza y la desigualdad».
Tomando en cuenta que las políticas de demanda impulsadas por los gobiernos, fueron utilizadas para impedir pérdidas de vidas y acrecimientos de pobreza. Sin estas transferencias, el índice Gini (medidor de la desigualdad) habría aumentado un 5,6% con respecto a 2019, en lugar del 2,9% registrado.
Un gran fragmento de esta desigualdad, se manifiesta por la fuerte representación de la informalidad laboral en la región. Al comienzo de la pandemia en Latinoamérica, el 50% de los trabajadores tenía un empleo que contaba con un seguro social o no estaba reconocido en los registros formales de empleo.
Haciendo que las familias que percibían ingresos exclusivamente de la economía informal, fueran los más afectados por la crisis, de modo que han perdido sus empleos y los ingresos que obtenían con ellos. En promedio, el 45% de la población latinoamericana vive en hogares que dependen de este tipo de empleo, el 22% vive en hogares mixtos y el 33% vive en hogares que dependen de la economía formal.
De igual forma, el fenómeno de la informalidad perturba de manera asimétrica a las economías de la región, porque mientras Chile o Uruguay tienen menos de un impacto inferior al 20%, en Bolivia, Honduras o Nicaragua supera el 60%.
Los organismos exhortan a las economías latinoamericanas, a comenzar opciones reformadoras de formalización laboral y reducir las brechas de cobertura social para resguardar a mujeres, jóvenes, migrantes y otros colectivos endebles.
Las entidades avisan que no existe un enfoque o solución que avale una recuperación sólida, sostenible e inclusiva. Sin embargo, la necesidad de adoptar una secuencia claramente definida de medidas de política fiscal en materia de gasto, tributación y gestión de la deuda pública, podría ser un buen comienzo.
El documento aconseja a nivel nacional, que los gobiernos latinoamericanos manejen las políticas fiscales, sociales y de transformación productiva, para edificar un nuevo contrato social. Particularmente, deben considerarse apropiadamente los elementos de movilidad y de equidad intra e intergeneracionales, así como los retos asociados al cambio climático y a la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.
El informe incide en que Latinoamérica está rezagada en términos de integración, ya que apenas el 14% de sus exportaciones permanecieron dentro de la región en 2019, y la proporción, ha ido disminuyendo a un ritmo constante desde 2014.
Además, los objetivos claves de política pública en el contexto del coronavirus son: fomentar el comercio intraregional, la creación de cadenas regionales de valor y la mejora de la participación de la región en las cadenas mundiales de valor, a través de la conexión de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas con el comercio mundial.
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