En los últimos años los intentos por regular las actividades relacionadas con bitcoin (BTC) y las criptomonedas, han incrementado a nivel mundial. La lista incluye desde el caso testigo de El Salvador, primer país que adoptó a bitcoin como moneda legal, a otros intentos como los que se dieron en Brasil, Uruguay y Paraguay. Argentina del mismo modo transita ese camino, pero por los momentos, sin resultados.
En Argentina se demostraron tres proyectos para regular las criptomonedas en los últimos dos años. No obstante, ninguno de ellos consiguió ser aprobado, y el último ni siquiera pasó de su comisión.
José Luis Ramón, diputado por la provincia de Mendoza del partido Unidad y Equidad Federal, fue quien presento el proyecto más reciente, que data del 6 de julio de 2021. Como puntualizó CriptoNoticias en ese período, la iniciativa pretendía legalizar el pago del salario de los trabajadores en criptomonedas.
De acuerdo con el portal de la Cámara de Diputados tras su ingreso, el proyecto fue derivado a las comisiones de Finanzas, Legislación general, Legislación del trabajo y Presupuesto y Hacienda. De hecho, el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló su apoyo al debate de la idea. Sin embargo, nunca pasó esa instancia ni llegó a discutirse en el recinto con todos los diputados.
En 2020 también se intentó regular bitcoin en Argentina
La primera señal para establecer este tema, ocurrió en noviembre de 2020. Ignacio Torres, legislador de la alianza Juntos por el Cambio (cuyo referente es el expresidente Mauricio Macri) informó públicamente su idea de regular a bitcoin como forma de pago, método de ahorro e inversión.
Asimismo, la iniciativa no tuvo avances en el camino legislativo. Realmente, ni siquiera llegó a presentarse formalmente y quedó solo con estado de anteproyecto.
Luego unos días más tarde, la diputada Liliana Schwindt, del bloque Frente de todos (el oficialismo, ligado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) mostró un proyecto parecido. Tanto el de Schwindt como el de Torres estaban basados en un anteproyecto elaborado por estudiantes universitarios durante unas jornadas de prácticas legislativas de las que estos formaron parte.
Esta segunda iniciativa sí fue ingresada oficialmente al Congreso, pero, tampoco consiguió dictamen en las comisiones respectivas (Finanzas, Legislación general y Presupuesto y hacienda) para ser tratado por el pleno de la Cámara.
Tiempo después de su presentación, el proyecto genero críticas por parte de la ONG Bitcoin Argentina, organización que la descifró como desalentadora para el desarrollo tecnológico en el país. A partir de ese momento, no hubo más novedades al respecto.
¿Qué les depara ahora a estos proyectos?
Los proyectos de ley introducidos al Congreso de Argentina, tienen estado parlamentario durante dos años, así como lo detalla el sitio oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En caso de no ser aceptados pasado ese tiempo, estos deberán ser presentados de nuevo para readquirir ese derecho de discusión.
Lo que significa que el proyecto de Ramón para el cobro del salario en criptomonedas, todavía está a tiempo de obtener dictamen para que se discuta en 2022. Por el contrario, aquellos mostrados en 2020, su validez vence a fines de 2021, de modo que ya no podrán ser tratados durante el periodo ordinario de sesiones de 2022.
Varias de las provincias tuvieron resoluciones sobre las actividades con criptomonedas, pero se trata solo de impuestos locales y que, según los expertos, se pueden interpretar con cierta ambigüedad. Esto se debe a que las leyes en cuestión regulan actividades que tienen lugar en el territorio de las provincias, mientras que muchos intercambios de criptomonedas se dan a través de empresas extranjeras, es decir, fuera de los límites del país.
Todo parece indicar que bitcoin y las criptomonedas continuarán en una especie de vacío legal (reconocido incluso por un colaborador del proyecto del Frente de Todos) por lo menos un tiempo más. De modo que, los órganos recaudadores ponen la lupa sobre las empresas de criptomonedas locales y los ahorristas con el afán de recaudar dinero de una actividad que, por los momentos, no han abarcado en el ámbito que corresponde, que es el Congreso.
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