La Ley de Seguridad para el Consumidor de Tecnología que busca, entre otras cosas, proteger a los usuarios de Bitcoin y criptomonedas de posibles estafas, además de “facilitar la innovación blockchain” ya fue aprobada en la Cámara de Representante y ahora avanza al Senado de los Estados Unidos.
A la enmienda se incorporaron las actas de Taxonomía de Tokens Digitales y de Innovación Blockchain, que hacen directa referencia al ecosistema de las criptomonedas. Si la propuesta es aprobada, se deberán realizar estudios y redactar informes con los que se pretende beneficiar a la industria y a los usuarios
Con la premisa de proteger a los ciudadanos de estafas con criptomonedas, el acta de Taxonomía Digital de este proyecto ordena a la Comisión Federal de Comercio que capacite al personal, escuche a reguladores y especialistas y asigne recursos para identificar y proteger a los ciudadanos de “actos o prácticas engañosas que involucren tokens digitales”.
Por su parte, el acta de Innovación Blockchain requiere que se redacte un informe en el que estén determinadas “las mejores prácticas para facilitar las asociaciones público-privadas en la tecnología blockchain” y las formas en las que “una mayor claridad regulatoria alentaría la innovación nacional”. Se establece que, a más tardar en un año después de la promulgación de la ley, se deberá realizar “un estudio sobre el uso actual y potencial de la tecnología blockchain en el comercio”.
“Como legisladores, es nuestro deber asegurarnos de que los Estados Unidos continúen liderando la industria blockchain”, dijo el representante demócrata Darren Soto, autor del proyecto de ley.
Inteligencia Artifical
Un tercer apartado de este enunciado que no trata directamente sobre blockchain, Bitcoin o criptomonedas, es el que hace referencia a la inteligencia artificial.
Se establece la creación de un programa piloto para explorar el uso de la inteligencia artificial en apoyo de la protección de la seguridad de los consumidores. Al igual que en los puntos anteriores, se buscará redactar un informe que sirva de base para futuras regulaciones y legislaciones.
Para esto, una Comisión especialmente conformada deberá consultar a miembros de la industria minorista, fabricantes de productos de consumo, organizaciones de seguridad de los productos de consumo y cualquier otra persona que se considere apropiada.
Con información de Cointelegraph
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