El gobierno de Nicolás Maduro obligó a unos 11 mil comercios a bajar sus costos, como parte de la política que lleva adelante el Ejecutivo venezolano para la “defensa” de los derechos socioeconómicos.
De la mano de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómico (Sundde), el gobierno venezolano realizó un total de 11.403 fiscalizaciones y atendió a 2.401 usuarios en territorio nacional.
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Durante los abordajes, los fiscales de la Sundde verificaron el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), los precios acordados de los distintos rubros de la cesta básica y la falta de publicación de la Tasa Oficial Cambiaria, establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) para las transacciones comerciales en moneda extranjera en caso de que los usuarios deseen pagar con ese tipo de monedas.
Ante eso, el ente regulador de precios aplicó dicha medida preventiva establecida en el artículo 70 de LOPJ en 11.355 comercios “por incurrir en presuntos delitos de Infracción por Incumplimiento de Formalidades y Especulación, tipificados en los artículos 46 y 49 de la mencionada Ley, logrando favorecer a 2.280.600 personas con dichos ajustes”.
Dentro de los comercios inspeccionados destacan: la cadena de supermercados Gama, ubicada en el Distrito Capital; Euromercado en el estado Aragua; Hiperlider en Anzoátegui; supermercado Casa San Juan en Guárico; supermercado Rio Supermarket, situado en Nueva Esparta; supermercados Facto y Cosmo en el estado Zulia; también fueron inspeccionadas las tiendas IVOO, DAKA y DA+CO, en el Distrito Capital, además de Farmatodo, Farmahorro, mercados municipales, mercados mayoristas y centros comerciales, indica una nota de prensa.
Por su parte, los fiscales de la Sundde, explican, “supervisaron el cumplimiento de los precios establecidos de los pasajes en las distintas líneas de transporte existentes dentro de los terminales de pasajeros, entre ellos: La Bandera, Oriente, Catia La Mar y Big Low”.
Por la parte de servicios visitados, la Sundde fiscalizó 101 clínicas privadas, entre ellas: San Javier en Lara, Centro Médico La Fe, Centro Clínico del Caribe, Centro Médico El Valle y Clínica San Griego en Nueva Esparta, además, se inspeccionaron 82 colegios privados, 10 universidades, 37 funerarias, 33 establecimientos encargados del expendio de insumos médicos, 48 cableras, 40 estacionamientos, entre otros.
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