Para revivir al sector agroalimentario venezolano es imprescindible darle origen a la llamada “agricultura empresarial”, con una visión clara en los negocios, con disponibilidad de insumos y la maximización de la eficiencia y la producción.
Así lo proponen los ingenieros agrónomos Gustavo Arteaga, Norberto Rincón y Werner Gutiérrez en la investigación “Agronegocios en Venezuela: reinventar sus bases y fortalecer la propiedad”, que fue presentada por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).
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En el informe destacan 20 años de estatismo y políticas agrarias equivocadas, además de las consecuencias que ha tenido “el irrespeto de los derechos de propiedad en el ámbito agrícola para la producción agroalimentaria en el país”.
“Desde el año agrícola 2008-2009 comienzan a notarse de manera significativa los efectos detrimentales de este modelo en la disponibilidad y consumo de alimentos, la caída en la producción es prácticamente generalizada en todos los rubros agrícolas, retrotrayéndonos a niveles de producción de los años 60 y 70”, señalan.
Y justo por eso, proponen un “nuevo modelo económico agrícola” con el Estado alejado de esta actividad económica y que se centre en el que debe ser su rol principal: crear condiciones que favorezcan la producción.
“Esto permitiría no solamente satisfacer la demanda interna de alimentos, sino repetir la experiencia de países vecinos, que comercializan los excedentes en el mercado externo, convirtiendo al sector agroalimentario venezolano en fuente importante de generación de divisas”, explica la investigación.
Sostienen además que el nuevo modelo debe ser “competitivo y abierto”, permitiendo privar la visión de los agronegocios, “considerando las exigencias del mercado, y fuertemente relacionada a las revoluciones en el área de la biotecnología y de la ingeniería genética”.
Pero, advierten, este cambio, donde los productores deben ser acompañados para una adaptación exitosa, “solo puede darse en el marco del respeto al Estado de Derecho y un marco jurídico que dé sustento a la propiedad privada de la tierra y de los bienes de producción, en un escenario de libertades enmarcado en un modelo económico de libre mercado”.
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