El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, busca reducir el fuerte peso de las nóminas de las cuentas públicas del país, flexibilizando los despidos, a través de un ambicioso proyecto de reforma administrativa.
La nueva ley altera profundamente las reglas para contratación, remuneración y ascensos de empleados públicos y elimina privilegios, por lo que tiene capacidad para reducir significativamente los gastos futuros del Estado, según explicaron los portavoces del Gobierno.
Para reducir la resistencia al proyecto y las presiones de los sindicatos, el jefe de Estado, aclaró que la reforma no afecta los derechos de los actuales empleados pero sí reduce los beneficios y restringe la estabilidad de los futuros.
Entre otras medidas, la enmienda permite que los empleados públicos sean despedidos por «desempeño insuficiente», algo hoy prohibido por ley, que sólo permite que un funcionario pierda el cargo por sentencia judicial contra la que ya no tenga recursos o por infracción disciplinaria.
La iniciativa flexibiliza las normas con las que el Estado puede despedir empleados en caso de que lo necesite por dificultades fiscales y le permite reducir la jornada de trabajo de los funcionarios con reducción proporcional del salario.
El texto también prohíbe las promociones automáticas tanto de cargo como de salario que los funcionarios van acumulando por tiempo de servicio, aumenta la rigurosidad en los procesos de selección y reduce el número de carreras del Estado.
La reforma sólo garantiza estabilidad para las llamadas carreras típicas del Estado, como diplomáticos, militares, comisarios de policía y auditores fiscales, tras al menos 3 años de vínculo.
Una de las medidas más polémicas permite al jefe del Estado, mediante decretos ejecutivos y sin necesidad de aprobación del Congreso, reorganizar los órganos públicos y transformar cargos públicos, desde que tales modificaciones no eleven los gastos.
Con información de El Economista
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