La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip) impuso nuevas regulaciones aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales, que se ajustan a las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
La regulación, indica el ente, busca fiscalizar los riesgos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva”, según la providencia número 044-2021 publicada el 21 de abril en Gaceta Oficial.
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Las disposiciones entrarán en vigencia el 19 de julio de este año.
“Esta norma está dirigida a las personas y entidades, públicas y privadas, que proporcionen a terceros productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales o criptoactivos, en o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, señala la providencia firmada por Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos.
Los exchanges de bitcoin, por ejemplo, deben llevar un control de las operaciones que realizan sus usuarios y, en caso de detectar transacciones sospechosas, deben «informar de manera oportuna a las autoridades competentes», según lo estipulado en el artículo 10 de la norma, reseña Criptonoticias.
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