Ya entró en vigencia las Ordenanzas de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos y la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios, en el marco del acuerdo nacional de “armonización tributaria” que impulsa el gobierno venezolano.
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En una política de nueva institucionalidad fiscal, fue creado por el gobierno un clasificador de actividades económicas simplificadas y con disminución de alícuotas, el cual servirá como elemento orientador para establecer alícuotas mínimas y máximas de impuestos municipales de las actividades de producción, industria, comercio y servicios. Así dice la municipalidad.
En tal sentido, van a usar el valor de la criptomoneda creada por el Estado venezolano, el petro, para tasar el valor del metro cuadrado en los avalúos catastrales y el impuesto de inmuebles urbanos, también conocido como derecho de frente.
“Igualmente, se asume el valor del petro como unidad de cálculo para establecer las multas y sanciones de todo el sistema tributario municipal”, señalan, sin establecer cuánto será en cifras.
El 25 de noviembre pasado, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, anunció la creación de la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR), que será la encargada de coordinar la economía del municipio caraqueño.
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El Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal fue firmado por las 305 alcaldías controladas por el chavismo en conjunto con el gobierno nacional para «armonizar» los esquemas de tributación municipal.
El petro es otra de las apuestas del gobierno chavista para tratar de saltar la severa crisis económica que galopa cada vez y que es preexistente a la pandemia del Covid-19, la cual, de acuerdo al Ejecutivo, es generadas por las sanciones que se han impuesto contra la administración de Nicolás Maduro.
El petro, que es un criptoactivo controlado por el gobierno y cuyo precio está anclado al costo del crudo de ese país, funciona desde hace un tiempo como referencia para el coste de servicios y demás acciones tributarias en Venezuela. Por ejemplo, para la apostilla de documentos, cuyo precio en bolívares pasa de los Bs. 4.800.000. El sueldo, vale decir, es de 1.200.000 para la administración pública.
El criptoactivo del gobierno madurista cotiza hoy miércoles en 58.889.402.58, unos 56 dólares estadounidenses.
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