La Comisión Europea (UE) anunció el miércoles que trabaja en un proyecto de normas para regular el uso de la inteligencia artificial (IA), que incluye multas en caso de infracción, la prohibición de la vigilancia salvo algunas excepciones y estrictas salvaguardias para los usos de alto riesgo relacionados con esta tecnología.
La medida llega en un momento en que China gana terreno en la carrera de la IA, mientras que la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de los algoritmos y los aparatos conectados a Internet en el día a día.
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Los expertos indican que estas normas sobre IA podrían ayudar a la UE a tomar la delantera en la regulación de una tecnología que, de acuerdo a los críticos, tiene efectos sociales perjudiciales y puede ser utilizada como herramienta de control social por parte de gobiernos represivos. Sus defensores, por su parte, la ven como un factor de crecimiento económico.
«En lo que respecta a la inteligencia artificial, la confianza es una necesidad, no un lujo. Con estas normas históricas, la UE encabeza el desarrollo de nuevas normas mundiales para garantizar que se pueda confiar en la IA», dijo la jefa de tecnología europea, Margrethe Vestager, en un comunicado.
Además, la Comisión adelantó que se prohibirán tanto las actividades basadas en la IA que permitan a los Gobiernos hacer «social scoring» o puntuación social (que determina la reputación o credibilidad de una persona según factores que incluyen la actividad en las redes sociales) como las que puedan explotar a los niños.
Por otra parte, el uso de aplicaciones de IA de alto riesgo en contratación de personal, infraestructuras esenciales, calificación crediticia, migración y aplicación de la ley estará sujeto a salvaguardias estrictas.
Las empresas que incumplan las normas se enfrentarán a multas de hasta el 6% de su facturación global o 30 millones de euros, según cuál sea la cifra más alta.
La Comisión tendrá que concretar los detalles con los países de la UE y el Parlamento Europeo antes de que las normas puedan entrar en vigor, en un proceso que puede durar más de un año.
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Con información de Efe
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