Venezuela es un país con una crisis económica que mantiene a sus habitantes cobrando menos de un dólar mensual. Es una crisis que existe desde hace desde años, generada por malos manejos y políticas erradas; y además, es una nación sobre la cual pesan grandes sanciones que exacerban el golpeado cuerpo económico del territorio que en otrora fue sinónimo de solvencia y excelente calidad de vida.
Ya en 2017 comenzaron las restricciones y sanciones. El gobierno del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó el brazo financiero del país: prohibida la reestructuración de la deuda y toda transacción en nombre del Estado venezolano, pues, a los ojos de la ley de ese país, es dinero robado al pueblo.
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Como si no fuera poco, también en ese año comenzó el ciclo hiperinflacionario, que hasta estos días sigue en pie, carcomiendo a su paso al poder adquisitivo del venezolano. Una crisis sin precedentes.
En 2019 se registró otro duro golpe a la economía venezolana, sino el más fuerte recibido por parte de EEUU. Llegaron las sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) poco después de que la nación norteamericana reconociera al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República: prohibida la exportación de crudo y amenazas a quienes osaran comercializar con el gobierno de Maduro, la “dictadura”, que al sol de hoy es desconocida por más de medio centenar de países del mundo.
Tales sanciones pudieran pasar desapercibidas, pero, a ciencia cierta, no es así. De hecho, atacan con más dureza a los venezolanos que más dificultades económicas tienen, que de acuerdo a estudios, son muchos más de los estimados. La crisis ya preexistente no ha dejado de atacar y las sanciones han ahogado a los connacionales que a diario sobreviven en Venezuela.
Tanto ha sido el impacto de las sanciones al venezolano que el comisionado para el centro de gobierno interino, Leopoldo López, ya pidió que se revisaran, pues, a su modo de ver, hay formas de aplicarlas “de una manera más estratégica”.
Así lo dijo al medio local Efecto Cocuyo:
“Sobre las sanciones, sí creo que se puede hacer una revisión para ver cómo se pueden aplicar de una manera más estratégica. Sobre las sanciones generales al sector energético, creo que allí tenemos que ser muy claros, la verdad es que la escasez de gasolina que hay hoy en Venezuela que la dictadura también se la pretende atribuir a las sanciones, no es por el problema de las sanciones, es por la irresponsabilidad, la corrupción y la incapacidad de la dictadura de manejar el sector energético”.
En esa línea, el mismo Guaidó pidió revisarlas para “direccionarlas mejor”. Así se lo dijo a The Associated Press, donde recalcó que desde el próximo 5 de enero, en una nueva etapa lejos del Palacio Federal Legislativo que tomará el gobierno de Maduro por las elecciones del pasado 6 de diciembre, “se van a revisar los mecanismos a nivel internacional para aumentar las presiones contra el gobierno, lo que incluirá la evaluación de las sanciones para ver cómo mejor direccionar, cómo facilitarlas para que sean incluso más rápidas, cómo no las bypaseen a través de Irán…. y en unos casos de paraísos fiscales”.
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Tales afirmaciones de los dos principales funcionarios del interinato venezolano generan preguntas que merecen ser respondidas. Una de ellas, en efecto, es saber de qué manera las sanciones de Estados Unidos afectan verdaderamente al venezolano de a pie y si, en consecuencia, son un daño colateral de esa política estadounidense que, de acuerdo con la misma Administración Trump, busca deponer el gobierno socialista de Maduro.
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