El 21 de julio el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1255, reglamentó el impuesto de cobro por valorización. Este gravamen se venía proponiendo desde el Gobierno Santos, cuando en la reforma tributaria propuesta en 2016, se contempló el impuesto.

La tarifa se le comenzará a cobrar a los dueños de los predios aledaños a los proyectos de infraestructura que se están desarrollando en el país. Debido a que, según afirman los defensores de este, al aumentar el tráfico de vehículos por la zona, este puede ser un incentivo para el nacimiento de compañías y otras formas de comercio.

La finalidad de este nuevo impuesto, que se reglamenta en el Conpes, buscará convertirse en un mecanismo de ‘recuperación‘ de la inversión o una fuente alternativa de pago de los proyectos. Estos últimos, en muchas ocasiones, o se quedan cortos de presupuesto o no se pueden ejecutar por la escasez de este.

A diferencia del impuesto de valorización tradicional, este recaudo irá a parar al tesoro nacional y será utilizado para la puesta en marcha de proyectos grandes. Lo que significa que, proyectos como vías terciarias y secundarias no se verán beneficiadas con el gravamen.

El monto que se cobrará a partir de este momento se calculará teniendo en cuenta diferentes factores. La distancia entre el predio y la construcción, el valor del terreno, la forma de los inmuebles, la topografía de la zona, la calidad de la tierra y el acceso que se tendrá a la obra son solo algunas de las características que entrarán a valorar el incremento.