La Unión Europea (UE) está un paso más cerca de poner en marcha la llamada Ley de Servicios Digitales, una legislación que marcará un hito en la forma en que se regulan los gigantes de Internet y brindará mayor seguridad a los usuarios.

El jueves, el Parlamento Europeo ha aprobado su posición para iniciar para las negociaciones con los Estados miembros y la Comisión Europea, que buscarán pulir los detalles antes de que se convierta en ley.

Las grandes empresas tecnológicas han llevado a cabo una campaña larga y dura para que la propuesta sea más amable con ellos, pero ¿Qué es exactamente y cómo funcionará?

¿Qué son los servicios digitales?

Los servicios digitales juegan un papel importante en nuestra vida: Usamos sitios web, redes sociales, libros electrónicos, almacenamiento en la nube, emisiones de música y video. Todas estas acciones se definen como servicios digitales.

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¿Qué es la Ley de Servicios Digitales?

En diciembre de 2020, la Comisión Europea propuso un nuevo marco legislativo para hacer frente a desafíos como la venta de productos falsos, la difusión del discurso de odio, las amenazas cibernéticas, la limitación de la competencia y el dominio del mercado. La idea básica detrás de la propuesta es que lo que es ilegal en el mundo real, también debería ser ilegal en el mundo en línea. Una vez se adopte, su objetivo será crear un mundo en línea más seguro. Básicamente modernizará la directiva de comercio electrónico de la UE.

¿Qué hará la Ley de Servicios Digitales?

La DSA (por sus siglas en inglés) permitirá a los usuarios opinar sobre lo que ven en línea. Por ejemplo, regulará los anuncios personalizados y obligará a las plataformas a borrar el contenido dañino e ilegal. En concreto, se centrará en la incitación al odio, la desinformación y los productos falsificados de venta en línea. Las plataformas se enfrentarán a sanciones si no actúan.

¿Qué proveedores se verán afectados por la Ley de Servicios Digitales?

La nueva ley afectará a plataformas e intermediarios en línea utilizados por millones de europeos todos los días. Incluyen plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook, tiendas de aplicaciones, plataformas para compartir videos y música, como YouTube y Spotify, sitios de viajes en línea como Airbnb y otros mercados digitales. Se pondrá especial atención a las grandes plataformas online (con más de 45 millones de usuarios activos al mes). La ley también se aplicará a las empresas con sede fuera de la UE si prestan servicios en el mercado único.

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¿Cómo se verán afectadas las empresas?

Los legisladores esperan que la ley asegure la igualdad de condiciones en el mercado y permita que las pequeñas y medianas empresas puedan tener su espacio en el mercado. También se espera que, tal y como ya sucedió con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), la nueva ley marque un estándar a nivel mundial para los servicios digitales y que terceros países adopten reglamentaciones similares.

¿Cómo afectará a los ciudadanos?

Los usuarios podrán señalar contenido ilegal, y la plataforma estará obligada a notificarles cualquier decisión. También se establecerá un sistema de indicadores de confianza para entidades con experiencia concreta en un área en particular. Habrá reglas específicas para las grandes plataformas en línea, donde los usuarios podrán evitar el contenido personalizado. Las plataformas tendrán más responsabilidad en la desinformación. También permitirá a los usuarios ponerse en contacto con las empresas de redes sociales en caso de que sus cuentas estén bloqueadas, por ejemplo.

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¿Y los siguientes pasos?

Una vez establecida la posición negociadora del Parlamento Europeo sobre el texto, comenzarán las conversaciones tanto con el Consejo de la Unión Europea (que representa a los países) como con la Comisión. Francia, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, quiere cerrar el expediente antes de que finalice su mandato en julio, pero muchos expertos creen que es muy poco probable. Una vez que concluyan las conversaciones y se alcance un acuerdo final entre las instituciones, el texto volverá al Parlamento Europeo. Allí los eurodiputados deberán votar una versión definitiva, después de lo cual, y si se aprueba, la legislación deberá aplicarse en los Estados miembros antes de convertirse en ley.