Enrique Palacios (Onyze) afirma que la norma de la UE tiene implicaciones en las DeFi
La industria de las criptomonedas, en especial los consejeros delegados de algunas importantes plataformas de compraventa de criptoactivos, ha reaccionado con acritud a la decisión del Parlamento Europeo de acabar con el anonimato de las transacciones de monedas digitales, incluso cuando sean de cantidades por debajo de 1.000 euros. La comunidad que se mueve en torno a estos activos considera la medida como un atentado a la privacidad del bitcoin y un castigo desproporcionado a los poseedores de criptomonedas.
“Se acaba de votar un nuevo reglamento que allana el camino para un régimen de vigilancia masiva sobre el panorama financiero europeo”, ha lamentado Pascal Gauthier, presidente y CEO de la plataforma Ledger en una serie de tuits. “Esta norma exige a los proveedores de servicios de criptoactivos que recojan y verifiquen la información personal sensible y la comuniquen a las autoridades para cada transferencia que implique un monedero no custodiado”, ha explicado. Y ha añadido: “Esto crearía un registro de direcciones de monederos, lo que les permitiría supervisar en tiempo real las transacciones de criptomonedas de ciudadanos respetuosos con la ley”.
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Para Brian Amstrong, CEO de Coinbase, esta regulación «destripa todo el trabajo de la UE para ser un líder mundial en leyes y políticas de privacidad. También castiga de manera desproporcionada a los poseedores de criptomonedas y erosiona sus derechos individuales de manera profundamente preocupante. Es una mala política».
La controversia principal gira en torno a que la iniciativa “mata la esencia del bitcoin y de Satoshi”, explican desde el sector a ‘Bolsamanía’, y torpedea “los mismos fundamentos del dinero digital basado en un sistema de transferencias entre pares (P2P)”. La norma, que aún debe ser negociada a tres bandas entre el Europarlamento, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, obliga a registrar e informar de cualquier operación con criptomonedas -incluidas las de billeteras autoalojadas- facilitada a través de la plataformas de compraventa de criptoactivos, sin importe mínimo. Lo que significa que tanto los pagadores como los receptores de incluso el más pequeño pago de activos digitales deben ser identificados.
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Para Enrique Palacios, CCO de Onyze, los legisladores se han decantado por colocar el peso sobre los proveedores y agentes del mercado, en lugar de perseguir el bitcoin en sí, ya que son las plataformas de compraventa quienes deben velar por que se acabe el pseudoaninimato. También indica el experto que esta medida tiene importantes implicaciones sobre la Finanzas Descentralizadas (DeFi), “a las que se accede principalmente a través de las billeteras privadas no registradas en las criptobolsas”.
En cambio, la norma, “puede favorecer a las plataformas de compraventa”, señala Palacios. Los llamados ‘exchanges’ ya cumplen con las normas de conocimiento del cliente (KYC por sus siglas en inglés) y de lucha contra el blanqueo de capitales, por lo tanto, sus usuarios registrados y con sus monederos en el criptobróker “están identificados y siguen gozando de total libertad en la compraventa de criptomonedas y para acceder a las DeFi a través del mismo exchange”.
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De esta manera, puntualiza Palacios, «no necesitan hacer retiradas de saldos a otros monederos externos para interactuar con los protocolos DeFi y por tanto las plataformas de intercambio de ‘criptos’ se ahorrarían realizar los trámites de información de datos en los movimientos que hagan hacia y desde los monederos privados». «Los usuarios también evitarían problemas en caso mover los rendimientos a los ‘exchanges’ para convertirlos a fiat, lo que fomenta que los usuarios mantengan sus tokens para rentabilizarlos dentro de los mismos brókers de criptoactivos«, agrega el CCO de Onyze.
De mantenerse en el formato actual, la industria de las criptomonedas dispondrá entre nueve y 18 meses para cumplir plenamente con la legislación, lo que podría coincidir con la directiva europea de Mercados en Criptoacticvos (MiCA por sus siglas en inglés), cuya entrada en vigor en los Estados miembros sigue estimándose en 2024. El futuro marco legal, equivalente a MiFID II para el mercado de las monedas digitales, tiene como objetivo dotar de seguridad jurídica a los actores del mercado y ofrecer protección al usuario. Por lo tanto, no se solapará con la regulación sobre las transferencias que va destinada a evitar el blanqueo de capitales y se engloba en el Reglamento de Transferencia de Fondos.
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