Desde el momento Panamá actualizó su método de facturación a través del Sistema de Factura Electrónica de Panamá (SFEP) mediante la recién publicada Ley 256 que modifica artículos de la Ley 76 de 1976, sobre medidas tributarias, para combatir la evasión fiscal, según informó este jueves la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Ley 256 señala la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño.

El control de acceso (SFEP) dispone de dos opciones: la primera, el facturador gratuito enfocado a los emprendedores o empresas que tengan ingresos brutos de hasta $1 millón y un volumen de facturación de hasta 200 facturas mensuales. La segunda alternativa, es a través de los Proveedores de Autorización Calificados (PAC), principalmente dirigido para aquellas empresas que requieran unificaciones en sus sistemas contables.

El ministerio de economía y finanzas de Panamá, por los momentos, ha certificado cuatro empresas con la licencia de operación en calidad de PAC también se encuentra evaluando solicitudes presentadas para nuevos potenciales PAC.

Adicional a esto, se establece la exigencia del uso del SFEP a partir del 1 de enero de año próximo, para todo nuevo Registro Único de Contribuyente (RUC); el 30 de julio de 2022 para todo abastecedor del Estado; y por consiguiente, las compañías del Plan Piloto, listadas a la promulgación de esta ley, que deben migrar al SFEP bajo la modalidad PAC o facturador gratuito, a partir del primer día hábil del año 2023.

Además, descartan de la lista de exceptuados de uso de equipos fiscales, a dinámicas como: servicios de transporte de carga derivados de petróleo, servicios bancarios, servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, entre otros, quienes deberán implementar una de las alternativas de facturación, de forma paulatina, acorde al calendario que próximamente será publicado por la DGI, mediante la reglamentación de esta regla.

Según el artículo de prensa, la DGI apuntó que la normativa contribuirá a garantizar la disminución de la posible evasión o defraudación fiscal, a optimizar la recaudación de los impuestos justos que establece la ley fiscal de la República de Panamá, como también a reducir la huella de carbono, con la minimización del uso del papel en la emisión de facturas.

La DGI fortifica el vínculo fisco-contribuyente, mediante el progreso en la calidad de investigación recogida, la optimización de los métodos de facturación y un control fiscal más seguro, lo que se traduce en la modernización del Estado y la colocación del país al desarrollo tecnológico en materia tributaria.