El pasado 7 de septiembre El Slavador se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el uso de Bitcoin (BTC) como moneda de pago junto al dólar, desde entonces se han desarrollado una serie de protestas y movimientos en contra.

Esta vez se trata de la organización humanitaria Cristosal, que presentó una denuncia este viernes ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) de la región centroamericana, por el posible manejo irregular de fondos estatales para la puesta en marcha de este activo digital como moneda de curso legal.

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El ente asegura que se dio un «fraude de ley para evitar la fiscalización» cuando la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), subsidiaria de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), creó la empresa denominada Chivo (una billetera gubernamental).

La herramienta se lanzó con el fin de promover el uso de BTC para el intercambio de bienes y servicios, al tiempo que se instaló una red de cajeros automáticos manejados por una empresa privada constituida con fondos públicos, según la denuncia.

Además, la acusación señala que este mecanismo «ha servido para evadir el control y la fiscalización de la ejecución de fondos públicos».

Por otra parte, Cristosal afirma que otras de las presuntas irregularidades son «la opacidad en el origen de los fondos para la construcción de la cabinas» en las que se colocaron cajeros y en las que se da orientación para el uso de la criptomoneda.

El documento presentado a la CCR señala que estas se construyeron antes de la entrada en vigor del decreto legislativo que crea un fideicomiso por 150 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto.

En tanto, la organización pide realizar un examen especial para determinar si las cabinas se construyeron con fondos estatales y verificar el proceso de licitación. El mismo uso de los fondos asignados al citado fideicomiso antes de su entrada en vigor es otro de los puntos que Cristosal pidió investigar.

También el ente solicitó a la CCR que, de «existir alguna conducta ilegal», esta se certifique a la Fiscalía General de la República (FGR) para que «inicie los respectivos procesos penales».

 

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Con información de Reuters

 

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