El analista económico venezolano Tomás Socías López, hizo referencia al Decreto N° 4.604 del 1° de mayo de 2021, que establece nuevas condiciones para la Exoneración de Impuestos de Importación.

Para él, “es una medida, por fin, positiva y beneficiosa para el país”, que representa “impulso para la elevación de la producción nacional, y es un paso adelante en beneficio de lo venezolano, lo hecho en Venezuela para el fortalecimiento de nuestro verdadero nacionalismo y de las fábricas del país que al producir son las bases de la verdadera democracia”.

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Ese decreto abarca al Impuesto al Valor Agregado y la Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, que se le aplica a productos terminados y sectores particulares.

“Es además positivo porque en él se reestructuran los aranceles de un grupo grande de productos que entraban al país libremente, poniendo lapsos donde se pierde la exoneración si no se acreditan los mismos debidamente”, sostiene.

Pero, lamenta, “la medida resulta insuficiente por cuanto no se ajustan los aranceles a todos los productos y se prorroga el mismo por un lapso de 30 días, dando posibilidad de extender más el proceso de exoneración de importaciones que ha sido tan dañino para la industria nacional, que es la verdadera generadora del empleo y calidad de vida del venezolano”.

Socías López afirmó que los llamados bodegones, que comercializan generalmente productos importados, han contribuido al “impulso económico” de Venezuela en medio de la pandemia, aunque pidió “reglas iguales” para que exista sana competencia con lo hecho en ese país.

“Los bodegones, como muchos comercios y locales establecidos que venden productos terminados, han contribuido al impulso económico incluso en medio de la pandemia, pero como las reglas deben de ser iguales, tienen que competir con la industria nacional y cumplir las mismas condiciones y requisitos de los productos locales”, indicó.

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Para Socías, que es analista especializado en las políticas del Ejecutivo, reiteró que a todos los productos terminados (o importados) se les debe exigir “lo mismo que al producto nacional, como el registro sanitario, texto en español y pago de los aranceles”.

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