Manuel Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), expresó sus impresiones acerca de la Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.687, de fecha 25 de febrero de 2022.
El economista indicó que la aprobación de esta normativa “fue inconsulta”, puesto que es una ley que “castiga a las personas que tienen menos recursos”.
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Consideró que el IGTF es una especie de “penalidad y castigo” a las personas que por tener divisas pueden de alguna manera consumir algunos bienes. No obstante, aclaró que “muchos consuman esos bienes, no quiere decir que tengan suficiente dinero como para tributar por eso”.
“La ley está hecha de una manera nociva y daña los intereses de la clase trabajadora, equipara a todas las personas que pueden pagar en divisas como si todos tuvieran los mismos ingresos y les cobra alícuotas exageradas”, puntualizó.
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Alertó que esta normativa puede incrementar la informalidad, el incentivo para que la gente saque dinero del banco y que se hagan pagos por otros mecanismos.
Aseguró que el Estado “no tiene la capacidad de fiscalizar correctamente las transacciones que se hagan en criptomonedas ni los pagos mixtos, creo que el IGTF anterior estaba mucho mejor hecho”.
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A su juicio, todo está absolutamente “mal en la ley», dado que «atenta contra el tímido crecimiento económico, atenta contra la posibilidad de recuperación parcial del poder adquisitivo de los trabajadores, atenta contra las remesas y afianza la tendencia del encarecimiento de la economía interna, restándole productividad, competitividad y capacidad de producción”.
Recalcó que hay muchas formas de estimular al bolívar sin tener que “castigar tan drásticamente a la población, con un índice de pobreza altísimo que nunca se había visto en este país”.
El especialista aseveró que el IGTF asusta a los inversionistas porque es demasiado discrecional la alícuota que se puede imponer en cualquier tiempo: “No tiene una meta de recaudación puntual, puede agudizar la inseguridad jurídica que existe en la nación y es un fuerte desestimulante a la inversión en el producto nacional que va a ser víctima de este impuesto”.
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