Los expertos de Wisdom Tree analizan la mayor benevolencia en el enfoque de las autoridades

El informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo (BCE) ha puesto el dedo en la llaga al abordar losvínculos de las critpomonedas con la banca que considera «cada vez más profundos». Autoridades y supervisores monetarios llaman la atención sobre este mercado que consideran sin regulación y arriesgado para los inversores, especialmente los minoristas. Sin embargo, una prohibición está prácticamente fuera de todas las previsiones.

En 2022 las políticas públicas relativas a los activos digitales han pasado por una serie de grandes cambios en EEUU, Reino Unido y la Unión Europea (UE). Lejos de prohibirse, los activos digitales se están integrando en los marcos regulatorios y legislativos en diferentes partes del mundo.

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El ecosistema de los activos digitales no es el lejano oeste que una vez fue, pese a las recientes declaraciones de Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). Está madurando, haciéndose más seguro y podría mejorar más a medida que aumente la regulación. «Este es el mismo proceso por el que pasan muchas tecnologías a medida que se convierten en parte de nuestro día a día», incide Benjamin Dean, director de digital assets de WisdomTree. La utilización de estas redes se convertirá en algo tan habitual como utilizar el sistema de posicionamiento global (GPS) para transitar una ciudad en la que nunca se ha estado antes.

En noviembre de 2021 el ecosistema de activos digitales superó los 3 billones en capitalización de mercado, una cifra récord. Los beneficios que esta nueva tecnología brinda, como una mayor velocidad, accesibilidad y transparencia, son innegables. Al mismo tiempo, los riesgos potenciales -particularmente los relacionados con la ciberseguridad y la actividad criminal- son bien conocidos.

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«Ahora que la escala de los activos digitales es muy grande para ser ignorada, los gobiernos de estas regiones se están acercando a las posturas de países como Suiza y Singapur«, opina Dean. «Esto nos da una base para desarrollar adecuadamente los distintos grupos de activos digitales gracias al claro marco legal y regulatorio establecido», añade.

El primer gran anuncio en esta línea se dio en EEUU en marzo, la Administración Biden anunció la “Orden Ejecutiva para el Desarrollo Responsable de Activos Digitales”, un documento oficial que establece claramente los beneficios y riesgos potenciales de los activos digitales y encomienda a varias agencias federales que investiguen y brinden recomendaciones sobre cómo EEUU puede continuar siendo “un líder global en crecimiento y desarrollo de los activos digitales y las innovaciones relacionadas con ellos”, así como la “defensa contra ciertos riesgos clave que requieren de una evolución y alineación del enfoque del gobierno estadounidense con los activos digitales”.

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Sin querer quedarse atrás, el Tesoro del Reino Unido anunció su intención de convertir al país en el “hub global de criptoactivos”. Si bien los detalles son escasos, las primeras iniciativas incluyen la “legislación para un ‘entorno aislado de infraestructura de mercado financiero’ para ayudar a las empresas a innovar, un evento ‘CryptoSprint’ de dos días dirigido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en mayo de 2022, el trabajo con Royal Mint en un token no fungible (NFT), y un grupo de compromiso para trabajar más de cerca con la industria”.

Y, por último, la propuesta de Mercados en Criptoactivos (MiCA en sus siglas en inglés) de la UE se está abriendo camino a través de varios grupos de trabajo en el Parlamento Europeo. Si bien la redacción actual de esta propuesta está en constante desarrollo, de continuar progresando, será revisada finalmente por el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que la UE pueda contar con un marco unificado para la regulación de los activos digitales.

«Cada gobierno adoptará un enfoque ligeramente diferente en función de su propia estructura política nacional, así como de cuán desarrollada esté la industria de activos digitales en su jurisdicción y otros imperativos de políticas», dice el experto de Wisdom Tree. «El desarrollo de un enfoque propio puede llevar su tiempo y también puede evolucionar con el tiempo. Esto no es diferente a las olas anteriores de cambio tecnológico».

Internet, la gran ola tecnológica más reciente, aún está jugando su papel. La protección de datos y la privacidad, consideradas una faceta de la gobernanza de internet, se están gestionando de manera muy diferente en EEUU al no haber ninguna legislación federal de privacidad digital, lo cual contrasta con la UE y su Regulación y Directiva de General de Protección de Datos (RDGP).

«Esto no sucedió de la noche a la mañana», recuerda Dean. El desarrollo y la implementación de la RDGP llevó décadas. Otro ejemplo podría ser el modo en que el discurso es regulado online. La Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones en EEUU ha brindado a los proveedores de servicios en línea un refugio seguro para la responsabilidad relacionada con la conducta de sus usuarios en las plataformas. Esto se implementó en la década de 1990, y es parte de la razón por la que tantas empresas de redes sociales tienen su sede en EEUU. En contraste con esto, tenemos la Ley de Servicios Digitales de la UE, que es una iniciativa relativamente nueva que tomará forma en la UE en 2024, alrededor de treinta años después de la aparición de Internet comercial.

Una pregunta recurrente durante muchos años ha sido: “¿Qué pasa si los gobiernos prohíben los activos digitales?», recuerda el analista. Resulta que hay muchos gobiernos, pero ninguno elige cómo se utilizará la nueva tecnología a escala mundial. Este es particularmente el caso del software de código abierto en un mundo conectado a Internet. «Lejos de prohibir los activos digitales, muchos gobiernos ahora compiten por ser “el hogar” de las empresas que utilizan esta tecnología», afirma Dean. «Los gobiernos que logren alcanzar el equilibrio adecuado en cuanto a medidas regulatorias podrán capitalizar una nueva ola de cambio tecnológico -incluidos los empleos-, los ingresos fiscales y el bienestar que este cambio conlleva», concluye el experto.