La reforma tributaria es precisa para garantizar la sostenibilidad fiscal, al tiempo que contribuye a cerrar las brechas sociales y regionales que tiene Colombia, afirma un estudio del Departamento de Economía, el Centro de Políticas Tributarias y del Centro de Desarrollo de la OCDE.

Asimismo, el proyecto fiscal fue radicado por el gobierno del presidente Petro el pasado 8 de agosto, señala el informe. En estos momentos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y los coordinadores ponentes de la iniciativa hacen las correcciones de la reforma para comenzar a ser debatida en las comisiones económicas del Congreso en menos de 15 días.

Destaca el comunicado de prensa de la OCDE que la iniciativa avanza en la dirección correcta en muchas áreas. “Coincidimos plenamente con el objetivo de la reforma de reducir la desigualdad y la pobreza, mejorar la progresividad y eficiencia del sistema impositivo y aumentar la carga impositiva a productos poco saludables o negativos para el medio ambiente”, dice el análisis.

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El recaudo actual es insuficiente para satisfacer las legítimas demandas de la población de una mayor inversión en políticas sociales y educativas, entre otras, tal como lo ha señalado en diferentes informes, tal como señala el informe de prensa.

El ministro de Hacienda resaltó el hecho de que un organismo como la OCDE coincida con la necesidad de una reforma tributaria como una iniciativa que va en línea con los objetivos económicos y sociales de este gobierno, lo cual destacó como una buena señal.

Me siento muy optimista de que estemos dando un paso en esa dirección, ya que la OCDE respalda aspectos como la progresividad y la eliminación de muchos beneficios con énfasis especial en personas naturales de altos ingresos”, añadió Ocampo, de acuerdo con el informe.

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En este sentido, a juicio de la OCDE, el amplio abanico de medidas que Colombia tiene previsto adoptar es bienvenido para ampliar la base del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el corporativo; lo mismo ocurre con las medidas que suprimen determinados tratamientos especiales (beneficios tributarios) para industrias o sectores, pensionados y usuarios de zonas francas que sirven principalmente al mercado nacional, así como los cambios a impuestos relacionados con el medio ambiente y los relacionados con la salud de los colombianos.