Uno de los juzgados de la capital de Venezuela intercedió a favor de los mineros de Bitcoin que residen en el territorio. Así lo demuestra la aprobación de un procedimiento para anular la confiscación de un lote de mineros, la cual fue realizada hace casi un mes atrás por el principal ente regulador de criptomonedas del país, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP).
Según un documento publicado por el Tribunal Supremo de Justicia —presentado por la juez María de los Ángeles Toledo— los abogados de la empresa dedicada a la minería de criptomonedas, SIERRAMOROS, interpusieron un amparo a nombre de su presentado para anular la confiscación de más de mil equipos de minería que fueron decomisados por funcionarios de la Sunacrip.
Los afectados denunciaron que a la empresa se le “violentó de forma flagrante el derecho a la defensa”, puesto que existieron irregularidades en el procedimiento de inspección y sanción de los mineros en manos de la entidad reguladora. Asimismo, señalaron que el organismo gubernamental tampoco respetó el derecho al debido proceso, a la propiedad e incluso “a la libertad económica”.
Los abogados afirmaron que, para principios del mes de octubre, miembros de Sunacrip y miembros de la policía venezolana visitaron dos empresas sub-contratadas por SIERRAMOROS para hacer mantenimiento a sus equipos. Los funcionarios hicieron una inspección a las actividades de ambas empresas, decidiendo decomisar los mineros porque sus actividades “vulneraban al Sistema Integral de Criptoactivos”.
De esta manera, pusieron bajo su custodia 12 equipos Antminer S9-S9I, 1.624 mineros EBANG E9I y 1.475 fuentes de poder. No obstante, todo esto ocurrió sin que las autoridades especificaran el criterio para imponer dichas medidas o el lugar en donde se resguardarían los equipos.
Se informó en el expediente que los funcionarios de SUNACRIP tampoco habrían seguido los parámetros legales para la consignación de documentos. Por ejemplo, a los mineros en una inspección se le permite entregar toda la documentación de sus equipos en un plazo de 15 días, pero los funcionarios no siguieron esta obligación y determinaron el decomiso sin la posibilidad de consignar todos los papeles.
Por si fuera poco, aseguran que se le prohibió al personal poder reunir la documentación ese mismo día, supuestamente “por razones de seguridad y resguardo del acta de inspección”. Debido a estos sucesos, el Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de Distrito Capital admitió el amparo constitucional para anular las decisiones de la Sunacrip, en este caso de forma provisional.
¿Qué significa esta decisión judicial para los mineros venezolanos?
De esta manera, se decidió que todos los equipos de la empresa de minería SIERRAMOROS deberán ser devueltos a su propietario. Asimismo, ordenan abrir una nueva investigación por separado para constatar si la empresa está cumpliendo con todos los requisitos para poder minar legalmente en Venezuela. Debido a ello, advierten a la empresa involucrada que no podrá realizar actividades de minado hasta que Sunacrip lo autorice.
Adicional a todo este suceso, el juzgado determinó que posee competencia en casos de este tipo, a pesar de que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos es una entidad gubernamental independiente en el territorio venezolano. Esto significa que Sunacrip no es el único organismo que tiene voz y voto sobre el mercado de criptomonedas y la minería del país. En caso de ocurrir un inconveniente entre las partes involucradas, los mineros pueden introducir un recurso en los tribunales del Estado para resolver irregularidades en inspecciones a sus centros de trabajo.
No es la primera vez que un organismo del Estado venezolano intercede a favor de los mineros del país. Hace tan solo unos meses atrás se decretó que, todo policía que detuviese mineros de criptomonedas sin justificación alguna podría ser castigado con la cárcel. Luego de varios atropellos a los mineros que hacen vida en el país y cuantiosas denuncias, se creó una Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip) para resguardar de los derechos de todos los miembros de esta comunidad.
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