La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), rechazó este lunes en un comunicado la ley antibloqueo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pues, a juicio del gremio, contraviene la Constitución de ese país y deja de lado los pasos pertinentes para que haya legalidad.

En la misiva, dicen que el instrumento aprobado por el chavismo, lejos de ayudar a que el aparato productivo venezolano resurja, está distante de la dura realidad que existe en la industria manufacturera del país caribeño.

Por tanto, invocaron la nulidad de esa ley, pues los actos de ejecución pueden ser lesivos para el país y para las empresas nacionales, “ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales. Con su aprobación,  se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela”.

Precisan que esta ley se aprobó por la ANC que no tiene potestad para ejercer funciones legislativas y que confiere a las autoridades una facultad superior a la ya otorgada por el Estado de Excepción por Emergencia Económica, impuesto para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos.

“Como gremio representante de más del 80% de la industria manufacturera nacional señalamos que tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis.  Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal,  ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna”, indica el texto.

Además, por facultar el poder ilimitado y dejando a un lado vías y canales regulares, que suponen límites y controles, “levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Y a la par, exaltaron la preocupación por la “reprivatización” de las empresas que fueron expropiadas en su momento, destacando además la paralización y cierre.

“La propiedad privada sigue estando en peligro de extinción. Y con ella los sueños de millones de ciudadanos que tienen en el sector privado, especialmente en la industria, su principal y única fuente de sustento. Como venezolanos y como empresarios, nos preocupa el destino de este país y el de sus habitantes”, sostiene Conindustria.