Por medio de la reforma se estableció que para el pago de las tasas de registros y documentos de notaría ahora se emplea el Petro. Lo cual implica un incremento considerable que sufrirán los venezolanos que deseen realizar estos trámites.

En Venezuela el Petro (PTR) se convertirá en la unidad de cuenta para el pago de aranceles, por lo que los registros y otros documentos de notarías, tanto mercantiles como civiles, emplearán dicha moneda como referencia. Así se puede apreciar en la Gaceta Oficial (G.O.) N° 6.668, que señala la Reforma Parcial del Decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Registro Público y del Notariado (LRPN) de 2014. 

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¿Cuánto vale el Petro? Su precio es determinado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y depende del precio del barril de petróleo venezolano. Actualmente su valor nominal ronda los 56,46 dólares.

Esta medida impacta en todos los trámites que se hagan en un registro o notaría: desde sacar una copia hasta registrar una empresa. 

Asimismo, los montos reflejados para cualquier operación, se pagarán en bolívares equivalentes al valor del Petro a la fecha de la solicitud.

En este sentido, los artículos 29, 83, 84, 85, 86, 87 y 88 de la LRPN adoptaron un sistema de tasas que se ubica en los límites mínimos y máximos expresados en Petros

Desde ahora, se deberá acudir al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) para consultar los nuevos precios a cancelar y para reajustar los montos presupuestados a los clientes por honorarios profesionales de trámites ante cualquier notaría o registro.

Precios de algunos trámites afectados

– 1 PTR (Bs. 259,92 en la tasa de este miércoles 5 de enero) por la certificación que se expida a los documentos, planos y expedientes de cualquier tipo, archivados en notarías y registros.

– Hasta PTR 0,10 (Bs. 25,99) por cada folio de copias simples de los documentos inscritos en notarías y registros.

– Hasta PTR 1 (Bs. 259,92) por la legalización de firma ante los Registros Principales y hasta PTR 2 por la legalización de firmas de los registradores principales.

– Transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o por su digitalización: hasta PTR 2 (Bs. 519,84) por el primer folio y hasta PTR 0,80 (Bs. 207,93) por los folios siguientes.

– Hasta PTR 5 (Bs. 1.299,6) por el sellado de libros.

Otro cambio importante es el nombre de la LRPN, que pasó a denominarse “Ley de Registros y Notarías”

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Asimismo, se reveló que los pagos de impuestos en Unidades Tributarias no fueron sustituidos por la moneda digital del Estado. 

Para la asociación civil sin fines de lucro Acceso a la Justicia, el uso del PTR significa un “golpe al bolsillo de los venezolanos” debido al aumento significativo del pago de las tasas para procesar los distintos trámites que se efectúen en los registros y notarías, ya sea en Petros o en su equivalente en bolívares vigente para la fecha de la solicitud.

(La medida) incurre en una grave violación del principio de la reserva legal, luego de que la Asamblea Nacional inconstitucionalmente estableciera delegar en el Ejecutivo Nacional la función de fijar el importe de las tasas, cuando realmente es una materia del Poder Legislativo”, detalló la asociación civil en su cuenta de Twitter.

El Petro es un criptoactivo que creó el Gobierno de Nicolás Maduro en 2016. Sin embargo, no es descentralizado y carece, tanto de respaldo financiero como de basamento jurídico. 

Consulta pública omitida

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) indica en el artículo 211 que el acto de sancionar leyes debe consultarse con la ciudadanía y contar con su participación. 

No obstante, entre la primera y la segunda discusión del proyecto de ley de reforma transcurrieron únicamente 15 días; por lo que la Asamblea Nacional (AN), omitió la opinión pública y ejecutó la decisión sin consentimiento. 

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Otros servicios anclados al Petro:

– Legalización y apostilla vía electrónica (MPPRE).

– Emisión y renovación de pasaporte (Saime).

– Acuerdo de Armonización Tributaria Municipal.

“Es preocupante cómo la AN modifica o aprueba textos legales sin garantizar la participación ciudadana, como lo impone la CRBV, pero lo más grave es la falta de información sobre el contenido de cada uno de los proyectos que luego sanciona como leyes”.

Acceso a la Justicia.

En las próximas semanas, los ciudadanos podrán ser testigos de las consecuencias de la reforma. Aunque ya se estima que el incremento de los trámites esté por encima del 1000% en la mayoría de los casos.