El Gobierno español aprobó el Plan de Garantía Juvenil Plus (2021-2027) por 3.263 millones de euros, el cual recibirá a través del Fondo Social Europeo con el fin de impulsar el empleo joven.

El proyecto forma parte de una Estrategia Juventud Avanza con una inversión total de casi 5.000 millones de euros, y se suma a las inversiones para jóvenes, que incluye el plan de recuperación, transformación y resiliencia por otros 937 millones.

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Esta medida, incluye entre otros, el programa «Primeras experiencias» (330 millones de euros), el «Investigo» (315 millones de euros) y el «Tándem» (120 millones de euros).

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta es «la mayor inversión del Gobierno de la democracia» para abordar «una gran asignatura pendiente».

La ejecutiva afirmó que el principal problema que tiene España es el desempleo, «pero singularmente el de los jóvenes», cuya tasa de paro llegó a alcanzar al 56% de la población joven en 2013.

La tasa de paro en 2020 entre las personas jóvenes de hasta 29 años fue del 30,19%, alcanzando el 39,6% entre las personas menores de 24 años.

Para afrontar esta situación, el plan aprobado agilizará la atención a los jóvenes que demandan empleo y detectará e incorporará al mercado de trabajo a aquellos que no lo buscan porque no esperan encontrarlo.

«No podemos tener jóvenes contratados por 436 euros al mes», ha denunciado Díaz, quien ha asegurado que «una parte de los jóvenes ha caído en el desanimo».

El Plan prevé el refuerzo de los servicios de orientación y con especial atención a jóvenes alejados del mercado de trabajo, desanimados por encontrar obstáculos para su búsqueda de empleo o en riesgo de exclusión.

En campos como la digitalización, las energías renovables, la economía circular o la economía azul se diagnosticarán las necesidades de empleo y se elaborarán itinerarios formativos específicos para jóvenes con los que dar respuesta a estas nuevas oportunidades de empleo en sectores emergentes.

En la elaboración del plan, dialogado con los agentes sociales, comunidades autónomas y organizaciones juveniles, se han tenido en cuenta las necesidades particulares de las personas que tienen responsabilidades familiares, con especial atención en el medio rural. En este sentido, destaca la apuesta por la igualdad y la perspectiva de género de manera transversal en todas las medidas.

 

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Con información de Reuters

 

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