El Gobierno venezolano redactó un proyecto de ley “antibloqueo”, que busca ampliar sus poderes para pactar de forma confidencial nuevos negocios petroleros, en el marco de la lucha contra las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La propuesta legal que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, entregó el martes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, le otorga amplias facultades para cambiar o firmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas u otros gobiernos, sin ninguna supervisión. Este tipo de convenios suele evaluarlos el Parlamento, que ahora controla la oposición.
En tanto, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, dijo el jueves que la intención del texto legal es la búsqueda de “inversiones” para el sector petrolero.
Según el ministro, la ley “permitirá lograr mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlos en silencio, para impulsar y promover inversiones extranjeras y darles seguridad jurídica a todos los empresarios nacionales y extranjeros”.
El documento autoriza modificar la propiedad de las empresas mixtas, que la petrolera PDVSA creó con mayoría de acciones en sociedad con compañías privadas nacionales y extranjeras. La reforma, según abogados consultados por Reuters, busca ofrecer más libertad en el área petrolera para sortear las sanciones.
Conforme el artículo referente a la actividad de PDVSA, en la propuesta el “Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”.
El texto, que la Asamblea Constituyente aprobaría en su próxima sesión, no detalla qué porcentaje de participación mantendría la estatal petrolera en futuras alianzas y si será menos del 50% que tenía hasta ahora.
Una fuente del sector petrolero y otra del sector financiero, conocedoras del tema, dijeron a la agencia de noticias Reuters, que uno de los artículos del proyecto permite eliminar “restricciones en la comercialización” de algunos bienes, lo que podría facilitar a los privados el comercio de gasolina. Los consultados prefieren mantener su nombre en reserva por no estar autorizados a hablar del asunto
El Gobierno enfrenta serios problemas financieros por la caída de la producción petrolera y los efectos de las sanciones de Washington en la comercialización del crudo, que intentan presionar su salida del poder.
Con información de Reuters.
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