El gobierno de Nicolás Maduro transfirió varias empresas expropiadas en el pasado a inversionistas privados, ofreciéndole ganancias a cambio de una parte de los ingresos o productos, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

En un reportaje titulado: En bancarrota por el socialismo, Venezuela cede el control de las compañías y firmado por las periodistas Fabiola Zerpa y Nicolle Yapur; reseñan que nueve personas con conocimiento del asunto afirmaron que decenas de plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidos -pero no vendidos- a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas.

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“Los gerentes cubren la nómina y las inversiones y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al gobierno”.

“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del gobernante partido socialista y exministro de Hacienda. “El estado actúa como supervisor y recibe una compensación”, apuntó.

¿Cuáles son esas empresas?

Dice el reportaje que se trata, en una primera instancia, de Agropatria, la empresa de suministro agrícola “del tamaño de un monopolio” y que fue nacionalizada por Hugo Chávez en 2010. Dirigía cinco  empresas y ahora “está recurriendo a la gestión privada”.

“Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, incautadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora están a cargo de Agrollano 2910, una empresa agrícola local que invierte casi $150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas”.

La otra es Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en el directorio.

Dos plantas de procesamiento de granos del gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas pero no vendidas a empresas privadas locales. También lo son las plantas de leche y café construidas durante el boom petrolero de Venezuela y bajo acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.

Las condiciones de las empresas varían. La principal contribución es un porcentaje de las ganancias o la producción al estado. En algunos casos, una escala de pago mensual estandarizada de $60 a $80 para los trabajadores.

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El cambio se manifiesta en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro para alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social. No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación el año pasado de una ley “anti-bloqueo” que busca reducir el impacto de Estados Unidos, sanciones y fomentar la inversión. El gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y que la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.