En la mañana de hoy, el Comité Gerencial de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), presidido por Carlos Fernández Gallardo, ofreció una rueda de prensa acerca de la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras y diversas reformas impositivas. Dicha actividad fue realizada en el marco del Primer Directorio Nacional de la institución, en lo que corresponde al año 2022.

De acuerdo con las declaraciones de Fernández “existe una profunda preocupación por las medidas en materia fiscal recientemente adoptadas por la Asamblea Nacional, las cuales se configuran en nuevos obstáculos a la iniciativa individual y al desenvolvimiento del sector productivo nacional, muy especialmente, para la pequeña y mediana empresa, constituyendo un freno al desarrollo económico”.

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Asimismo, la máxima autoridad del empresariado venezolano informó que, una vez anunciada la segunda discusión del Proyecto de Reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en la Agenda de la Asamblea Nacional, la Federación dirigió una solicitud formal a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, para discutir el referido proyecto.

“Es un instrumento que contraría la realidad del mercado y va en contrasentido a una sana política de desarrollo económico, sobre todo si tomamos en cuenta que las empresas aún se encuentran en proceso de restablecer su patrimonio, luego de su afectación por la pandemia y las medidas de cuarentena, entre otros factores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que se incorporan junto con las personas naturales, como contribuyentes del citado impuesto y que, más bien, exigen de todo el apoyo para hacerse sostenibles y evitar que continúe el cierre de empresas en el país”.

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Según Fernández Gallardo, “resulta indispensable incluir al sector privado, por el impacto que revisten estas medidas sobre las fuerzas productivas nacionales y sobre los ciudadanos”. Sobre este particular, el empresario y abogado invocó al Artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza lo siguiente:

“La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos (…)”.

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Enfatizó la voluntad de los distintos sectores económicos de contribuir a alcanzar la mayor estabilización macroeconómica del país en el menor tiempo posible, desde la preservación y generación del empleo. Igualmente agregó:

“El principal problema de nuestra economía radica en el escaso poder adquisitivo de los ciudadanos, el cual termina siendo el último eslabón en la cadena de valor.  Por ello, resulta imprescindible reunirnos en pro de encontrar soluciones adecuadas, manteniendo reglas claras, incentivando la productividad, con reglamentos claros y transparentes”.

En otro orden de ideas, consideró a la Ley de Registros y Notarías, como un mecanismo “que entraba y encarece, en gran medida, el quehacer cotidiano de los ciudadanos y el ejercicio de la actividad emprendedora en materia de trámites civiles y mercantiles, además dela voracidad fiscal que se ha presentado en múltiples municipios del país”.

Finalmente, el gremialista hizo un llamado a los organismos del Poder Público para procurar un encuentro, incorporando, sin demora, la participación activa del sector privado como factor fundamental del desarrollo y progreso social de la nación.

“Solo las Naciones donde existe cooperación entre sector público y privado las que logran avanzar integralmente”.