Los reguladores cripto de España anunciaron esta semana que iban a intensificar sus esfuerzos de supervisión en las operaciones con los activos digitales, al tiempo de seguir vigilando a los proveedores de billeteras digitales y otras empresas que guardan relación con los pagos en criptomonedas.

La iniciativa responde a una orden del Ministerio de Hacienda de ese país, más detalladamente del Sindicato de Técnicos del Ministerio (conocido localmente como GESTHA) que afirmó estar monitoreando la situación de las criptomonedas desde hace “varios años” y que había establecido medidas para “para detener los esfuerzos de lavado de dinero”.

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El presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, dijo que la agencia no quería controlar o perseguir a las compañías que compraran criptomondas, aunque insistió en que cuando vendan o intercambien estos activos, deben declarar tal operación.

Apuntó también que su organismo sigue investigando varios casos de ilegalidad, a pesar de que se empezó a controlar el sector desde el 2019.

Meses atrás, el Parlamento de España aprobó la ley de declaración de criptomonedas, la cual obliga a los españoles a declarar todas sus tenencias cripto en exchanges fuera del territorio.

La multa por incumplimiento es de 5.900 dólares por cada infracción.

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