El proyecto My Basic Income que pretende probar la renta básica en Alemania ha superado todas las expectativas al tener un millón y medio de solicitantes en la primera semana.
La financiación es privada: más de 138.000 donantes se han sumado ya y los organizadores se han marcado como nuevo objetivo llegar a los 200.000. El presupuesto total del programa sería de seis millones de euros.
Los portavoces del proyecto pidieron en un primer momento un millón de voluntarios, por lo que en una semana ha visto colmadas y superadas sus peticiones en medio millón más. La fecha límite de inscripción es noviembre, así que la muestra puede ser todavía mayor, algo que para los organizadores es clave en términos cualitativos.
La suscripción de ese millón y medio de personas garantiza, al menos, la primera parte del proyecto: elegir a 1.500 personas de las cuales 120 cobrarán una renta mínima (máximo 1.200 euros) en función de su situación. El objetivo: ver cómo ese ingreso garantizado afecta a sus hábitos de consumo, de ocio, búsqueda de trabajo o su salud y bienestar. Y, a la vez, comparar su comportamiento con el de las personas que no han recibido ese dinero.
Si se consiguen resultados satisfactorios o concluyentes, se pasaría a las dos siguientes fases: dar a los 120 elegidos el máximo de 1.200 euros y después extender esa cantidad, en una tercera fase, a los 1.500 miembros de la muestra.
El proyecto ha tenido eco social en Alemania, pero no cuenta con el apoyo del gobierno presidido por Angela Merkel. Varios de los ministros de la coalición de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) han criticado la medida y han rechazado que se pueda llevar a cabo con iniciativa gubernamental en el país teutón.
Olaf Scholz, ministro de Finanzas y candidato del SPD para las elecciones de 2021, ha calificado la renta básica como «neoliberal» y ha aseverado que su implantación «pondría en peligro muchos logros del estado de bienestar como las pensiones o el seguro de desempleo».
Por su parte, Hubertus Heil, titular de Trabajo, asegura que la propuesta no es «práctica ni sensata» y ha defendido que el trabajo constituye un modo de integración en la sociedad y que «tiene que marcar la diferencia, tanto para los salarios y los ingresos como para la seguridad social».
Con información de Expansión
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