Vanessa Fernandes- Redacción TMP/ Imagen cortesía de Prensa Consecomercio.

Como parte del compromiso de educar al sector empresarial, el Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) llevó a cabo su acostumbrada “Conexión Empresarial Plus”, con especialistas de distintos rubros, en pro de abordar el comercio ilícito e irregular dentro del país.

El primero de los expertos fue Roque Zapata, quien presidela Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas (Civea). El mismo indicó que, para comercializar una bebida formalmente se requiere aproximadamente de 42 recaudos, lo que se traduce en un tiempo estimado de dos años, mientras que los productos provenientes por contrabando, tienden a ubicarse en las estanterías en un promedio de dos semanas. Asimismo, afirmó que su industria genera más de 300 mil empleos, aporta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, representa el 5% de la recaudación impositiva, incide en la siembra de caña, además de impulsar la producción en destilerías, industria del vidrio (por la fabricación de botellas) y del plástico (por la demanda de tapas).

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Posteriormente, Luis Enrique Cárdenas, director ejecutivo de la misma organización, expuso dos escenarios en los que se incrementó el mercado ilegal en el sector de especies alcohólicas. El primero se debió por la modificación de las leyes del Impuesto al Alcohol (ISA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que estableció una figura de “percepción de impuestos”. Según Cárdenas, dicha situación triplicó la carga, tanto para los productores como para los importadores de licor. En el mismo orden de ideas, se refirió a la contingencia de 2020, donde los decretos de alarma (4160) y el de cuarentena, originaron restricciones de operación formal, desde marzo a octubre del referido año.

Adicionalmente, explicó que el comercio ilícito en su rubro “viene dado por prácticas de evasión, clandestinidad, contrabando, falsificación, usurpación y adulteración, que genera riesgos de la vida, salud, seguridad, puestos de empleo, recaudación de impuestos, inversiones, exportaciones e importaciones, por lo que resulta imprescindible trabajar de la mano de las autoridades, a fin de concienciar, fiscalizar para proteger a los consumidores y flexibilizar los procesos de tributos y formalización de su sector”.

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Seguidamente, tomó la palabra, Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), quien comenzó su intervención abordando el sistema regulatorio venezolano, el cual está representado por 15 organismos del Estado, la Ley del Ejercicio de la Farmacia (1928), Reglamento de la Ley de la Farmacia (1993), la Ley de Medicamentos (2000), además del Capítulo V de la Farmacovigilancia y el Sistema Nacional de Farmacovigilancia CENAVIF. A pesar de ello, se han vuelto comunes los ilícitos farmacéuticos, a través de la extracción (robo y hurto de la mercancía), importación de productos falsificados, venta y distribución de medicinas por internet, conjuntamente con el “bachaqueo” de medicamentos por medio de las redes sociales.

Frente a tales circunstancias que amenazan el área farmacéutica, han desarrollado esfuerzos articulados con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), para crear una División de Investigación de Delitos contra la Salud Pública, en donde se pueda combatir, tanto la comercialización ilícita como la falsificación de medicinas.

Más adelante, surgió la participación de Antonio Planchart, quien es director de Asuntos Legales y Regulatorios de Empresas Polar, quien se encargó de compartir los riesgos del comercio irregular, por medio de trochas, sin controles sanitarios ni metrológicos, no aportan ni impuestos ni aranceles al país, carecen de medidas laborales actuales, no promueven la creación de empleo, constituye una competencia ilícita para los productores nacionales, conlleva a riesgos de salud de los consumidores por no contar con controles. En el caso específico de Polar, mencionó casos de la margarina brasileña, refrescos provenientes de Colombia, cervezas importadas y distribuidas por servicios “puerta a puerta”, conjuntamente con las harinas de maíz precocidas, traídas desde la nación neogranadina, sin autorización de la marca venezolana. Por tales motivos, Planchart destacó la importancia de contar con consumidores debidamente informados, quienes, antes de adquirir un producto, deben verificar que cuente con su nombre descriptivo, tabla nutricional, lista de ingredientes, Control de Producto Envasado (CPE), registro sanitario y textos legales.

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De manera similar, Miguel Ángel Benzo, director legal de la Cigarrera Bigott indicó que la carga impositiva de los cigarrillos pudiera ser un incentivo para los contrabandistas, tomando en cuenta que Venezuela es el cuarto país de la región sudamericana con el porcentaje  más alto. Tal aspecto se ve empeorado, debido a que somos una nación de tránsito y destino de contrabando de tabaco, por lo que sugirió formular, tanto políticas públicas como accionen que frenen tales delitos, por medio de la vigilancia y control de la Comisión Presidencial del Seniat, impulso a través de la Ley Orgánica Antidrogas, mayor control en las aduanas, alertas sanitarias sobre la comercialización de cigarrillos ilícitos, con énfasis en la obligación de incautarlos, resolución que contemple un procedimiento especial en la destrucción de los mismos, además de mayor presencia de las autoridades en las zonas aduaneras.

Poco antes de culminar la actividad, Tiziana Polesel, presidente de Consecomercio señaló que “más del 30% de los productos en Venezuela pueden ser de contrabando, lo que acarrea efectos negativos en los sectores nacionales, especialmente alimenticio, farmacéutico y de tabaco. Según la autoridad gremial, esto tiene origen en la exoneración tributaria, con la que no cuenta la industria nacional. Finalmente, la máxima representante del sector comercial del país, instó a la reactivación de la Comisión Presidencial para la Lucha Contra el Fraude Aduanero, especialmente ahora, cuando se espera la reactivación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela.