De esta manera lo hicieron ver la tarde de este domingo el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Julio Castilla, así como el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Rándall Murillo.

El mensaje del señor presidente nos da esperanza y confianza debido a que toca temas que han sido claves para la Cámara de Comercio, como la mejora en la educación, disminuir esa brecha entre las zonas rurales y la ciudad, así como la mención específica de que el sector privado es el motor del desarrollo de un país”, declaró Castilla.

Si nos permite esa libertad para trabajar, para producir y para emprender en paz, haremos lo que mejor sabemos hacer, que es dar bienestar a las familias costarricenses. Pero como también él lo destaca, debe ser de la mano del sector público. Ambos, sector público y privado, construyendo por un mejor país”, agregó Castilla.

Por su lado, su homólogo en el sector construcción, Carlos Trejos, informó: “Hoy iniciamos cuatro años de una nueva Administración, que tiene el gran reto de impulsar la reactivación económica del país. Como lo hemos manifestado en otras oportunidades, nuestro sector trabajará en conjunto con las nuevas autoridades para generar un círculo virtuoso de reactivación y crecimiento económico, y de generación de empleo. Para eso, es primordial estimular la construcción de obra privada e impulsar el desarrollo eficiente de proyectos de obra pública. Debemos potenciar el impacto positivo de la construcción en la economía a partir de los múltiples encadenamientos que genera”.

Murillo respaldó la urgencia de una intervención en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Es una institución que ha venido siendo un obstáculo para el desarrollo en los últimos años”, insinuó.

Luego de asumir el cargo como nuevo gobernante, Chaves comunicó un decreto para declarar estado de emergencia nacional en el sector público por los ciberataques ocurridos desde el 17 de mayo pasado y proclamados por Conti Group.

Además, firmó otros dos, con los que modificó las disposiciones emitidas por la administración de Carlos Alvarado, en relación al uso obligatorio de la mascarilla, así como a la vacunación obligatoria contra el COVID-19 en el sector público.