Colombia deberá aumentar los precios del combustible y eliminar paulatinamente los subsidios que acaban con el presupuesto, que son un «legado maldito» del gobierno anterior, tal como lo menciona un alto funcionario del Ministerio de Hacienda.

A los precios de ahora, el gobierno estima que gastará el equivalente a alrededor de 3% del producto interno bruto este año para mantener bajos los precios de la gasolina y el diésel, que es más o menos lo que gasta en defensa.

El mandatario Gustavo Petro, quien asumió este mes, está dispuesto a utilizar parte de su amplio capital político para solucionar el problema permitiendo que los precios suban, según el director de Crédito Público, José Roberto Acosta. Las finanzas públicas habrían disfrutado de un gran impulso por el alza en el precio del petróleo este año, de no ser por estos subsidios, agregó Acosta.

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Hoy estamos viviendo fiscalmente sin ingresos petroleros”, declaró Acosta el jueves, en una entrevista en la Secretaría de Hacienda en Bogotá.

“El dinero de la bonanza petrolera se ha ido a llenar los tanques de los autos en lugar de llenar las barrigas de los niños y los ancianos”.

Dejar que el precio suba podría ser políticamente arriesgado para Petro. Seguramente sería impopular y ciertamente aumentaría la inflación, que ya está en su tasa más alta en 23 años. Panamá, Ecuador y Perú vieron hace poco protestas por la inflación, con el aumento de los precios de los combustibles como una de las principales quejas de los manifestantes.

En lugar de permitir que los precios del combustible incrementen en línea con el crudo este año, el gobierno del presidente Iván Duque limitó los aumentos para mantener baja la tasa de inflación. Generando que el gobierno acumulara grandes deudas con la petrolera estatal Ecopetrol SA, que debe vender su combustible a un precio artificialmente bajo. Duque dejó el cargo el 7 de agosto.

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Píldora amarga


Permitir que los precios suban sería un trago amargo para los conductores colombianos. Hoy en día, la gasolina vale aproximadamente de $9.000 (US$2,05) por galón en Bogotá, mientras que sin subsidios su precio subiría a unos $17.000.

Por otro lado, las deudas del gobierno con Ecopetrol no están incluidas en las cifras generales del déficit fiscal, lo que hace que parezcan artificialmente bajas. Si las cifras del déficit incluyeran los subsidios a los combustibles, el déficit de este año que se espera sea de 5,6% del PIB crecerá más de 8%.

El país colombiano tiene cerca de $91 billones de deuda en pesos locales, o el 22% del total, con vencimiento en los próximos tres años. Sin embargo, Acosta afirma que los canjes de deuda “no están entre las preferencias de la actual administración” para abordar el tema.

Los swaps para extender los vencimientos solo agudizan el problema y se traducen en costos más altos para la nación, declaró, y agregó que el gobierno buscará usar efectivo disponible en su lugar.

La volatilidad en los mercados externos ha impedido que la mayoría de los países de mercados emergentes, incluido Colombia, emitan deuda en el extranjero este año. La última vez que la nación andina aprovechó los mercados internacionales fue en octubre, unos meses más tarde de que perdiera su calificación de grado de inversión.

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El marco fiscal de mediano plazo que dejó el gobierno anterior muestra planes de recaudar $4.400 millones en el extranjero este año. Acosta, economista y abogado que anteriormente se desempeñó como director de crédito público de la ciudad de Bogotá, dice que si aprovechar los mercados internacionales de bonos sigue siendo demasiado costoso, Colombia buscará otras fuentes de financiamiento, incluso de prestamistas multilaterales.

Petro es popular entre los colombianos más pobres después de comprometerse a gravar a los ricos para pagar el aumento del gasto social. En su primer día en el cargo, envió un proyecto de ley de impuestos al Congreso que busca aumentar los ingresos en alrededor de 1,7 puntos porcentuales del PIB.

Los inversores extranjeros han seguido acudiendo al mercado de bonos en pesos del país desde la victoria electoral de Petro, algunos de ellos atraídos por rendimientos superiores al 12% para títulos a 10 años.