El Gobierno brasileño canceló la mayor parte de su deuda con los organismos internacionales, incluyendo la ONU, en la última semana de mandato del presidente Jair Bolsonaro y antes de que la mora le privara del voto en algunos de los mismos, informaron este lunes fuentes oficiales.
Por su parte, el pago fue comunicado este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en que agradeció al Ministerio de Economía por la liberación de 4.600 millones de reales (unos 884,6 millones de dólares) para saldar sus compromisos con los organismos multilaterales y bancos internacionales de fomento.
«El Gobierno brasileño no ahorró esfuerzos para solucionar la irregularidad crónica de pagos y la deuda acumulada desde períodos anteriores», afirmó la Cancillería en su comunicado.
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Motivado a que la nota atribuye la deuda a Gobiernos anteriores, la mayor parte de los atrasos corresponden a los últimos cuatro años, es decir a la gestión del líder ultraderechista, que en varias ocasiones ha sido un duro crítico de organismos internacionales, como la propia ONU y la Organización Internacional de la Salud (OMS).
Conforme al Ministerio, los recursos liberados le permiten pagar «casi la totalidad» de la deuda de Brasil y fortalecer la posición del país en el sistema multilateral y la comunidad internacional.
De acuerdo al informe presentado la semana pasada por el equipo de transición del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la deuda de Brasil con los organismos internacionales ascendía a unos 5.500 millones de reales (unos 1.057,7 millones de dólares).
Por su parte, los colaboradores de Lula, que asumirá su tercer mandato como jefe de Estado de Brasil el 1 de enero, alertaron que el atraso en el pago amenaza con dejar al país sin voto en organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que ocupa actualmente una silla temporal.
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Según el informe final del equipo de transición, la elevada deuda «representa una grave pérdida para la imagen del país y para su capacidad de actuación, y compromete significativamente su política externa».
«Brasil puede ser excluido de algunos organismos. Es una deuda elevada para la que no hay recursos reservados en el presupuesto de 2023«, declaró entonces el coordinador de los trabajos del equipo de transición y exsenador Aloizio Mercadante.
Asimismo, una de las mayores deudas, de cerca de 300 millones de dólares hasta septiembre, era con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo estatuto prevé la pérdida del derecho al voto en sus organismos a los países que atrasen por más de dos años el pago de sus contribuciones.
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