La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la oposición, aprobó una oferta a los acreedores para ampliar hasta 2028 el plazo de prescripción de los bonos en default del país.
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La decisión se produce al tiempo que los acreedores se preparaban para demandar al país por no pagar cerca de US$60.000 millones en bonos antes de que venza el plazo de prescripción en octubre. Al retrasar el plazo, la oposición busca evitar una ola de litigios, lo que da más tiempo para una posible reestructuración de la deuda del país.
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La oposición presentó el acuerdo “en defensa de los activos en el exterior, en defensa de la economía nacional y de los intereses de nuestro país”, dijo este martes ante la asamblea el legislador Ricardo Aponte. El acuerdo es unilateral e insta a los bonistas a no demandar para contribuir a un proceso de reestructuración ordenada. En última instancia, la medida aún tendría que ser respaldada por la Administración del presidente Joe Biden para que surta efecto.
“Creo que fue un paso responsable y con visión de futuro en el mejor interés del país”, dijo Claudio Zampa, fundador de Mangart Capital Management Ltd. con sede en Suiza y miembro del Comité de Acreedores de Venezuela. “Es tranquilizador que esta solución haya sido adoptada en todo el espectro político”.
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El presidente Nicolás Maduro ofreció un acuerdo similar en marzo, sin embargo, este no era ejecutable ya que su Gobierno no está reconocido por los tribunales estadounidenses. Un acuerdo de peaje válido sólo podía provenir de la Asamblea Nacional de la oposición, que es la institución autorizada por EE.UU. para representar los intereses del país.
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