Banco Nacional de Costa Rica permitió tres transferencias sin la autorización de los titulares

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó al Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar cómo el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) permitió tres transferencias sin la autorización de los titulares de una cuenta, que sufrió rebajos por ¢8,5 millones.

Los propios registros de la institución financiera no evidencian quién avaló las transacciones y la Policía Judicial tampoco lo determinó durante la pesquisa que desarrolló bajo el expediente 17-034835-0042-PE.

La misma disposición fue tomada en el trascurso de una audiencia oral celebrada el 25 de agosto de 2020, en el que el órgano jurisdiccional conoció un recurso de apelación del abogado Fernando Ramírez Junco, contra una desestimación de la causa por falta de pruebas, dictada por el Juzgado Penal.

“Yo presenté la impugnación indicando que yo había hecho una solicitud de investigación que justificara por parte del banco por qué decía que esas transacciones que no habían sido autorizadas por ningún personero de la empresa. Y que quién, dentro del banco o donde fuera, autorizó esas transacciones”.

“Entonces el juez indica que yo tengo razón, que yo había solicitado esa información al Organismo de Investigación Judicial, que investigara esa psartes, específicamente, de los tokens que tenían, sobre quién había autorizado y con cuáles tokens. Y el juez entonces devolvió al Ministerio Público el expediente para que continúe la investigación y le dice: usted tiene que investigar esto que está pidiendo la parte porque es pertinente”, comentó el jurista en entrevista con el portal web CRHoy.com.

De esta manera, la causa regresó a la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, que a su vez le ordenó a la Policía Judicial efectuar las diligencias necesarias para esclarecer las dudas de la representación legal de la víctima. Por los momentos, está pendiente de conocerse el informe correspondiente de la Sección de Cibercrimen.

“La Sección de Fraudes dijo que no son competentes, que entonces iba a pasarlo a Cibercrimen. Estamos esperando que esta Sección realice el documento, pero ya interviniendo al banco, viendo dentro del banco qué fue lo que sucedió. Esa es la etapa en la que estamos dentro del proceso en este momento, esperando ese informe para ver si pueden determinar ellos quién autorizó esos movimientos de dinero. Porque evidentemente, en este caso, con esos registros se logra determinar que ellos no autorizaron esos movimientos bancarios”, notificó el abogado.

Por su parte, Ramírez Junco lamentó los cinco años que tiene abierto el procesoy que, pese a sus gestiones, no se hiciera en más de la mitad de ese tiempo las averiguaciones para responder a sus inquietudes y las de su cliente, un ingeniero eléctrico de 34 años, vecino de Santa Ana.

5 años en curso

Dicho caso en el que interviene Fernando Ramírez Junco, fue dado a conocer este jueves por este medio y refiere a una estafa telefónica que facilito la sustracción de ¢8,5 millones desde la cuenta en el Banco Nacional de una constructora electromecánica.

La persecución de estos hechos está abierta desde 2017 en la Fiscalía de II Circuito Judicial de San José y la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial, que hasta ahora tienen por sospechosos a las tres personas que recibieron el dinero, de apellidos Ureña Alpízar, Corrales Moraga y Ortega Obando.

“Es una frustración enorme”, afirmó la víctima, un ingeniero eléctrico de 34 años de edad, vecino de Santa Ana, cuyo nombre será reservado en la presente publicación. Él era codueño de la empresa junto a su padre y fungía como gerente de Proyectos al momento de los hechos.

A lo largo de la entrevista, el ofendido resaltó que ni él ni ningún otro personero dio información sensible o claves, pese a la insistencia de un timador, que afirmaba que requería datos bancarios y tokens para hacer un “pago importante” a nombre de una constructora de la que nunca dijeron el nombre.

“Yo, como fue un viernes, todas las mañanitas le preguntaba a las constructoras clientas de nosotros cuánto nos iban a pagar, entonces yo tenía confirmados los pagos que nos iban a hacer y sabía que no iba a entrar nada más ese día. Yo le dije: vea, yo sé que no viene ningún pago. Me insistían en que salía pendiente un pago. Yo les dije que yo como empresa tenía un agente bancario, que entonces lo iba a llamar. Me dijeron que entonces hiciera lo que yo quisiera. Yo colgué y con el teléfono me metí a la aplicación del banco y en eso vi que estaban moviendo platas. Entonces yo llamé al Nacional y les pedí que me congelaran las cuentas”, reseñó la víctima.

Una vez dentro del usuario de banca en línea, los estafadores registraron tres cuentas en los “favoritos” y realizaron a estas tres transferencias en menos de 15 minutos. Una se hizo a una cuenta del BAC Credomatic por ¢3,5 millones, mientras que las otras dos se efectuaron al Banco de Costa Rica (BCR), por ¢2,1 y ¢2,9 millones.

Sin embargo, ninguna de esas transacciones aparece como “autorizada”, en relación con los registros de la cuenta en línea de la víctima, los cuales fueron suministrados a este medio. El ofendido enfatizó que, en el resto de transferencias efectuadas, cuando se ingresa al mismo apartado, la página despliega cuál de los titulares de la cuenta fue el que avaló el traslado de los recursos.

Los agentes obtuvieron que tanto el Banco de Costa Rica como el BAC Credomatic congelaran los recursos movilizados a sus cuentas, lo que les permitió recuperar entre ¢3 y ¢4 millones. Antes, con el dinero robado se realizaron -por ejemplo- compras de hasta ¢700.000 en Walmart.

Tanto el Ministerio Público como el Organismo de Investigación Judicial indicaron que no se referirán a la causa, por estar en la etapa de recolección y análisis de indicios, que es privada para terceros, de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal.

En cuanto al departamento de comunicaciones del Banco Nacional señaló: “No podemos referirnos a casos específicos de clientes que han interpuesto denuncias por estafa, o bien, están considerarlo hacerlo. La información que se suministre por medio de una consulta de prensa podría afectar el proceso judicial”.

Respecto a la empresa -que trabajó con otras compañías como Edificar, Construcciones CPM e Inmobiliaria Concasa- la víctima detalló que cerró en 2020, luego de casi ocho años de operación. Pero, el ofendido explicó que el cierre de operaciones no se relaciona exclusivamente con la estafa.

El año pasado la Policía Judicial recibió 3.177 denuncias por fraudes telefónicos solo en San José y, al 22 de abril del 2022, se acumulan 1.709. En 2021, el perjuicio económico estimado por este tipo de delito fue de ¢3.000 millones y $1 millón.