El Banco do Brasil, de control público y mayor institución financiera de ese país, anunció un programa de reestructuración en el cual se propone cerrar 361 unidades, con el fin de “privilegiar la especialización de la atención y la ampliación de la oferta de soluciones digitales”.
La institución, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en la bolsa de Sao Paulo, informó este lunes que el proyecto incluye también, clausurar 112 agencias bancarias, 7 oficinas comerciales y 242 puestos de atención a los clientes, y además prevé ofrecer un plan de renuncias voluntarias con el que pretende recortar 5.000 empleos.
De igual forma, la entidad expresó en un comunicado al mercado, que su programa puede rendirle un ahorro de 2.700 millones de reales, lo que representa unos 509,4 millones de dólares, hasta el 2025.
“La reorganización de la red de atención busca su adecuación al nuevo perfil y al comportamiento de los clientes y comprende, además de medidas de optimización de la estructura, otros movimientos de revisión y reducción de las direcciones y de áreas de apoyo”, explicó el Banco do Brasil en su texto.
Dentro de la restructuración también llevará a cabo, la transformación de otras 243 agencias en puestos de atención y de 145 puestos de atención en tiendas sin el manejo de dinero, además se prevé la creación de 28 nuevas unidades de negocios, entre las cuales 24 especializadas en negocios en el sector agropecuario.
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Por otra parte, el organismo aclaró que mantendrá su presencia en las ciudades en que cerrará agencias bien sea con unidades propias de negocios o con los corresponsales bancarios, un tipo de representación con el que cuenta en 221 municipios.
Los cierres de unidades se producirán a partir del 22 de febrero y los clientes de las agencias afectadas serán informados previamente por medios digitales o por teléfono.
Hasta el año pasado el banco contaba con 15.133 puestos de atención al público, incluyendo 5.429 agencias bancarias.
El banco dijo igualmente que aprobó dos nuevos planes de incentivo a las renuncias voluntarias, uno para optimizar la distribución de la fuerza de trabajo y otro para anticipar la salida de los empleados que están próximos a la jubilación.
La entidad espera que hasta 5.000 empleados se acojan a los dos planes pero admitió que tan sólo podrá informar el número final de adhesiones y el respectivo impacto financiero de las renuncias el 5 de febrero, cuando concluye el plazo de inscripción.
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Con información de Reuters
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