A medida que va creciendo el interés de los criptoactivos en la Argentina, gracias a la adopción internacional, el Gobierno de Alberto Fernández avanza en su desconfianza. La crisis económica en ese país, así como el descrecimiento económico, han hecho que el Estado apriete más los controles.
Tanto el Banco Central de la República Argentina (BCRA), como la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF); están enfocados en coordinar la actividad cripto, a fin de “vigilar más de cerca el crecimiento del comercio cripto en su país; qué sectores atrae, a qué escala y cuánto daña a la economía local”, reseña Cripto247.
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A ellos se les suma la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), que lanzó el formulario 8126 para los exchanges que respondan a la legislación local. La intención es conocer todas las transacciones, que evidencia más intervención gubernamental en el ecosistema.
Solo en Argentina, más de 2 millones de personas ya operan con criptomonedas, y es tanto que los activos digitales ya forman parte de las transacciones y operaciones de compraventa de carros y propiedades.
“El desconocimiento del origen del dinero por parte de la AFIP, o su fácil colocación en el sistema, despierta sospechas de lavado de dinero y urgen al Gobierno a tomar medidas para regular el mercado”, dice el medio especializado.
Por tanto, fue presentado un proyecto en el Parlamento a finales del 2020, que busca darle marco legal a los criptoactivos.
La legislación busca que sea la CNV la que se encargue del registro de las operaciones y las regulaciones de los mecanismos del mercado, siempre bajo el consentimiento del Banco Central.
Y será el BCRA el que tenga que evaluar las consecuencias del comercio cripto en la política monetaria argentina.
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