El presidente de la encuestadora venezolana Datánalisis, Luis Vicente León dijo este viernes que la más reciente consulta de la firma que se hizo antes de que se cancelara el programa de intercambio de petróleo por diésel, arrojó la homogeneización del rechazo a una sanción, “haciéndose mayoritario en todos los clusters de autodefinición política, incluyendo opositor”.

“Para el 73% de los venezolanos consultados por Datanálisis, es necesario mantener el programa de intercambio por petróleo que garantice el abastecimiento de diésel, pues la mayoría contundente considera que este es un sacrificio inútil, largo e injusto”, comenta.

Aclara que no es una posición “dominada por los progobierno”, que son el menos del 15%. “Para el 77% que desea cambios políticos y cuya mayoría aprueba sanciones individuales, el rechazo a una sanción diésel que afecta principalmente su vida sin esperanza de éxito, es contundente”, dice.

“Los estimados de Gas Energy Latin America (GELA) indican que en 2021, con mayor flexibilización en el fin del Covid, se demandará en Venezuela alrededor de 105 mil barriles diarios de diésel, 25 mil más que en 2020 y la producción nacional se reducirá a sólo 20 mil barriles”, alerta.

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Insistió en que ese combustible es “esencial para la producción de energía en occidente donde ya, sin acusar aun el impacto del fin del acuerdo que suministraba la mayoría del diésel en el país, se produjeron la mayoría de los cortes de suministro de energía, lo cual lleva a proyecciones muy negativas”.

“El recorte en el suministro de diésel impacta de manera general al país, pero no directamente a los medios de supervivencia del gobierno en control territorial, pues no es usado por sus fuerzas, no le genera dinero y no hay (por ahora) mercado negro, pues su suministro era suficiente”, señaló.

Pero sí afecta a las empresas. Dice que la eliminación de ese programa atenta directamente en el cobro de las compañías privadas que suministran gas para termoeléctricas en occidente y Zulia, “lo que hace prever una reducción en su producción y aumento mayor en la demanda de diésel”.

“Este es un ejemplo evidente de un tema que supera el debate político y qué debería obligar a todas las tendencias a buscar vías humanitarias para evitar un mayor sufrimiento en la población, a la que se le está sometiendo a un sacrificio gigante, sin muchas expectativas de éxito”, comentó.

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Y acotó con que uno de los sectores más afectados por la decisión será el agrícola, pues depende altamente de ese producto petrolero.

“Es quizás la más evidente demostración de afectación a la población, incluso sin buscarlo”, apuntó.

Programa paralizado

León recordó que el programa de intercambio de petróleo por diésel se paralizó desde el 1 de noviembre, por lo cual prevé una crisis más exacerbada para el primer trimestre del 2021.

“Desde el 24/10 no entra un barco con diésel y, aunque el país vive el espejismo de: “por ahora todo tranquilo” pues está usando sus reservas e inventarios, sin posibilidad de intercambio e importación, el abastecimiento amenaza crisis en el primer trimestre 2021”, señaló León.

Señaló que a pesar de la “estrategia de sanciones” que busca presionar los cambios en Venezuela, el programa de intercambio era usado para evitar que las restricciones tuvieran un impacto negativo en la “vida de la población inocente”.

“Ese acuerdo de intercambio de petróleo por diésel permitió garantizar el 65% del abastecimiento interno de ese producto con importaciones, dado que la producción local sólo alcanza para un tercio de la demanda (y en de acenso), es inestable y de calidad insuficiente”, explicó León.

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Recordó que las razones que justifican el programa humanitario de intercambio de petróleo por diesel siguen vigentes, pues es el combustible primordial que soporta “la distribución de alimentos (camiones), sustenta una parte fundamental de la generación termoeléctrica de occidente y Zulia (ya bastante deteriorada), el bombeo de agua y las reservas energéticas de hospitales y clínicas”.

Así las cosas, sostiene que “la cancelación del intercambio de petróleo por diésel ocurre cuando 68% de la población rechaza esa sanción,  que percibe claramente como una agudización de la crisis que ya vive, sin esperanza alguna de que provoque, en un tiempo prudencial, el objetivo de cambio político que persigue”.

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